El fiscal sostiene que la ex presidenta era la jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado. Se suma al procesamiento por traición a la patria.
Con las repercusiones aún en ebullición por la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar a Cristina Kirchner por traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA con prisión preventiva, otra causa compleja y delicada avanza hacia su elevación a juicio oral y público. El fiscal Gerardo Pollicita pedirá en los próximos días que la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, llegue a dicha instancia.
Según la información, en este expediente se acusa a la ex Presidenta de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”.
La causa es considerada el delito precedente de otras investigaciones por lavado de dinero, definidas como la instancia de “reciclaje de fondos” que pertenecían al Estado y que permitieron “enriquecer el patrimonio” de los ex presidentes.
Todo se encamina hacia un gran juicio oral y público que reúna todas las causas por corrupción en las que Cristina Kirchner es investigada y antes de fin de año al menos otra causa podría quedar elevada, planteando un escenario complejo para 2018 cuando ya esté en su banca como senadora por la provincia de Buenos Aires.En esos expedientes algunos nombres se repiten: Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, el socio de la familia Osvaldo Sanfelice, entre otros. El jueves pasado la ex Presidenta sumó su cuarto procesamiento en la justicia federal: está acusada por lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación al Estado y ahora traición a la Patria y encubrimiento agravado. Sólo la causa por la venta de dólar futuro, fue elevada a juicio oral.
En un dictamen que superará las 500 páginas, el fiscal Pollicita pedirá en los próximos días al juez Ercolini que eleve a juicio oral el expediente que inició con la denuncia de Elisa Carrió y que tuvo impulso con la presentación que realizó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) señalando que Lázaro Báez fue receptor de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Esas obras no se concluyeron, se pagaron con sobreprecios que rondaron el 65% de su costo inicial. Este circuito de contrataciones “irregulares”, según el fiscal, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados al patrimonio de los ex presidentes”.
