La información es una Investigación del Diario el Observador de Uruguay y muestra claramente el negocio Mapuche ligado principalmente al petroleo y a la extorsión.
El caso Santiago Maldonado está teniendo algunas derivaciones inesperadas. Además de generar la previsible alarma por una desaparición en democracia y la presunta responsabilidad de la Gendarmería, y más allá del debate sobre el uso político del asunto, tuvo el efecto de enfocar la atención de la opinión pública sobre la comunidad mapuche de la Patagonia.
Maldonado era simpatizante de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que hasta hace dos meses solo era conocido por algunos pobladores de las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, pero que hoy se transformó en un tema recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales. En el ojo de la tormenta, este grupo tiene defensores y detractores.
Para algunos, una legítima forma de organización para defender las reivindicaciones históricas de un pueblo originario que ha sufrido persecución y despojo durante dos siglos. Para otros, en cambio, representa el peligroso embrión de un movimiento autárquico, que no solo desconoce al Estado argentino sino que hasta quiere menoscabar su soberanía al formar una especie de enclave. Y que, en su afán reivindicativo, recurre a métodos violentos, como la extorsión y el sabotaje, incluyendo agresiones a personas e incendios de propiedades.
Pero el punto menos conocido, que en estos días está saliendo a luz, es el de una extensa lista de negocios vinculados a las reivindicaciones. Ya sea en forma de pago por reparación ambiental, por derecho de uso de “tierras ancestrales” o por la contratación compulsiva de servicios tercerizados, las organizaciones mapuches han generado ingresos financieros nada despreciables sobre la base del reconocimiento estatal de su preeminencia histórica.
Su ingreso más importante está vinculado al petróleo, la principal actividad económica en las provincias patagónicas. Y, más específicamente, a la empresa YPF, ahora reestatizada luego de haber sido vendida al grupo español Repsol en los años 1990. Las vías por las cuales estas organizaciones reciben dinero de las petroleras son, básicamente, tres: los juicios de reparación por daños ambientales, el concepto legal de “servidumbre” por hacer uso de tierras ancestrales para una actividad de extracción y la contratación de servicios tercerizados de estas mismas comunidades. Por ejemplo, en los últimos tres años, la comunidad Kaxipayiñ cobró unos US$ 10 millones, al tiempo que avanza un juicio por US$ 500 millones por concepto de daño ambiental en el yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén.
